El portavoz Compromís per Paterna, Juanma Ramón, afirma que “si queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en sus representantes públicos y en la política, es necesario que se tomen medidas desde la administración más cercana a los ciudadanos, como es el Ayuntamiento. Por eso hace falta que el consistorio paternero tenga una norma que sea válida para hacer frente a las imputaciones a los miembros de la corporación. Una situación que, desgraciadamente hemos sufrido en Paterna con la ex alcaldessa y actual miembro de la Junta de Gobierno”.
“Por eso desde Compromís proponemos que se pongo en marcha una ordenanza municipal donde se concretan y delimitan las medidas a aplicar a los ediles que tengan una imputación por causa que tenga que ver con el ejercicio de su cargo, sean del grupo municipal que sean. Y que los mismos grupos municipales tienen que incorporar a sus reglamentos o normas internas de funcionamiento”.
Así pues, Compromís propone medidas preventivas, como que el concejal o concejala imputado sea apartado de cualquier representación dentro de los órganos de gobierno o de la administración del Ayuntamiento. Que tampoco pueda representar al Ayuntamiento ni ser invitado o participar en actos oficiales de la corporación.
El portavoz de Compromís por Paterna añade que la propuesta incluye apartar del cargo y dejar sin retribución a la persona imputada si forma parte de la Junta de Gobierno Local, es teniente de alcalde o tiene alguna área de gobierno.
Según explica Ramón, “cuando hablamos de imputación, será necesario que la imputación judicial esté tipificada en el Código Penal como delitos contra la Administración Pública tales como prevaricación, revelación de secretos, soborno, tráfico de influencias, malversación, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, entre otras conductas delictivas”.
“La idea es que estas medidas contra los imputados tendrán que mantenerse hasta el archivo de las diligencias o el sobreseimiento de la causa”.
“Queremos recuperar la confianza de la ciudadanía en la política y acabar con la desafección que generan casos como los que estamos viviendo últimamente y que salpican, principalmente, en los dos partidos mayoritarios en el ámbito estatal”. Y añade “no podemos pedir a la ciudadanía el cumplimiento de la ley cuando, demasiadas veces, determinados políticos no lo hacen”.
