La multinacional Intu estudia emprender la vía penal contra la Administración tras el reciente anuncio de la Conselleria de Medio Ambiente de que ha iniciado los trámites para la inadmisión del proyecto rebautizado bajo el nombre Intu Mediterrani. La amenaza de esta nueva paralización se suma a los diferentes intentos de entorpecer la viabilidad del centro de ocio que comenzaron con la emisión de un informe desfavorable emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental en 2016, con una demora de dos años y sobre una cuestión ya aprobada, y que han continuado con el Patsecova y la reciente modificación del PORN.
Así, el equipo legal de Intu, formado por prestigiosos bufetes nacionales e internacionales y liderados por la firma Clifford Chance, estudian nuevas acciones contra lo que consideran una actuación completamente desviada de la Administración, y de sus responsables. En este sentido, estudian iniciar nuevas acciones, no sólo en vía administrativa, sino también civiles y penales contra la Administración y contra los responsables políticos de las resoluciones administrativas tan sumamente cuestionables. Esta medida se enmarca en las acciones ya iniciadas por Intu sobre los perjuicios sufridos, y se trata de un paso más en las acciones legales emprendidas en defensa de los legítimos intereses de la firma.
Las sucesivas trabas impuestas por la Administración pudieran ser constitutivas de delitos de prevaricación administrativa del art. 404 del Código Penal, así como los posibles delitos de falsedad documental debido a las «falsedades» contenidas en los múltiples informes y resoluciones administrativas, conforme a lo previsto en el art. 390 del Código Penal.
Cabe señalar que Intu ha agotado todas las vías alternativas, incluida la presentación de un nuevo proyecto en julio de 2018 en el que se recogían todos los requerimientos técnicos para subsanar el informe medioambiental desfavorable. Los sucesivos intentos de diálogo tanto con el Presidente de la Generalitat, Ximo Puig, como con los responsables de las Consellerias competentes en la tramitación e incluso la solicitud de amparo ante la patronal valenciana «evidencian» el grado de compromiso de la multinacional con el proyecto que había evitado hasta la fecha emprender acciones legales en la vía penal.
