Esta mañana, el alcalde de Paterna Juan Antonio Sagredo ha acudido a los juzgados de la localidad para compadecer en calidad de investigado por la adjudicación de un contrato menor para la fiesta de Halloween del año 2017. El caso, que fue incialmente denunciado por el Partido Popular, estudia un presunto delito de prevaricación en el que también se han visto involucrados los concejales Nuria Campos, Julio Fernández y José Manuel Mora, así como un par de empresarios paternenses.
Rondaban las diez de la mañana cuando el primer edil ha entrado a pie por la puerta principal a la sede judicial. Con semblante sosegado, ha saludado a los medios de comunicación y ha entrado en el edificio donde ha prestado declaración durante más de una hora. Al salir, el alcalde ha atendido a los periodistas pero ha preferido no hacer declaraciones hasta que la magistrada que maneja el caso no se pronuncie. Aun así, sí que ha aclarado que está «muy tranquilo» y que confía plenamente en su inocencia y la de su equipo de gobierno.
Junto a Sagredo, esta mañana también han prestado declaración Nuria Campos y Julio Fernández, así como un funcionario del Ayuntamiento. Mañana será el turno de Juan Manuel Mora y los dos empresarios. Cabe recordar que esta cita judicial será la que decidirá si la jueza archiva la causa por no encontrar indicios de delito o si, por el contrario, abre juicio oral al detectar irregularidades.
Caso Halloween
El caso Halloween fue denunciado por el Partido Popular de Paterna en noviembre de 2017. Los populares señalaron en su momento que habían detectado ciertas irregularidades en la adjudicación del contrato para la celebración del concierto, ya que la empresa adjudicataria estaba gestionada por un amigo del marido de una concejala. Asimismo, también alegaron un posible fraccionamiento de los pagos para mantener los contratos por debajo de la franja de los 18.000 euros, lo cual los convierte en menores y no obliga al Ayuntamiento a abrir concurso público.
Los populares mantienen que «se observa un claro fraccionamiento de contratos en diferentes prestaciones, tales como la ambulancia, la seguridad, la carpa y la propia producción del concierto. Sin embargo, nosotros entendemos que todo ello forma parte de la misma unidad operativa y funcional, y que debería haber sido pagada como un contrato único» alegan. Además, indican que la suma de todos estos servicios juntos ronda los 47.000 euros, cifra muy superior a los 18.000 de un contrato menor.
Aun así, los socialistas anunciaron que, aunque la ley no les obligaba a ello, sí que pidieron tres presupuestos a tres empresas diferentes: una que declinó la oferta, otra que se pasó del presupuesto máximo y la que finalmente resultó adjudicataria.
En junio de 2018, Sagredo, Campos y Fernández deberían haber declarado ya. Sin embargo, poco antes de la vista, el Partido Popular presentó un nuevo aluvión de documentos en calidad de pruebas, lo que provocó que la jueza decretase la complejidad de la causa y así poder estudiarlos con más tiempo.
De estas nuevas aportaciones, también se desprendieron nuevas imputaciones como por ejemplo la de José Manuel Mora. Además, la jueza pidió documentación de la UDEF para que esta investigara las posibles relaciones societarias entre las empresas del marido de la concejala y la firma que obtuvo el contrato de Halloween. Del mismo modo, la magistrada también solicitó información a la Tesorería de la Seguridad Social para conocer si la empresa del marido de la concejala había «prestado» empleados a la adjudicataria en la noche de la fiesta.
