Compromís per Paterna ha remitido a la Agencia Valenciana Antifraude una serie de facturas y auditorías provenientes de la empresa municipal Gespa para esclarecer por qué esta llevó a cabo la contratación de «servicios menores» de hasta 50.000 euros «sin ninguna publicidad, ni pliegos de condiciones y sin justificar la necesidad».
La decisión llega poco después de que la Comisión de Investigación sobre Gespa, integrada por todos los partidos con representación en el Ayuntamiento, no haya sido capaz de alcanzar un acuerdo de mínimos que permita exigir responsabilidades por el «derroche del dinero municipal». Compromís per Paterna quiere esclarecer mediante este movimiento «por qué el ejecutivo del Partido Popular, cuando estaba a la cabeza de la empresa, encargaba de manera recurrente informes a determinados despachos de abogados».
La coalición valencianista ha añadido, además, que las políticas internas de Gespa con respecto a contratos menores no se ajustaban a la Ley de Contratos del Sector Público, ya que esta estipula que tan solo las colaboraciones inferiores a 18.000 euros pueden establecerse sin concurso público. Sin embargo, las normas internas de la empresa mixta estipularon «de manera irregular» este límite en 50.000 euros. «Estas instrucciones internas de contratación estuvieron vigentes hasta noviembre de 2016, momento en el que Juanma Ramón entró al Consejo de Administración y volvió a establecer el límite en el máximo legal de 18.000 euros» aseguran desde la formación.
«Vamos a remitir a la Agencia Antifraude facturas y auditorías de legalidad a partir del año 2009» informan. Además, explican que «en los años en los que los contratos menores se permitían hasta los 50.000 euros, las consultorías que se adjudicaban de manera sistemática a determinados despachos de abogados eran para justificar muchas de las ocurrencias que el PP tenía en el Ayuntamiento» tales como la Zona Franca o Puerto Mediterráneo, informan. «A través de sucesivos contratos menores, se adjudicaron servicios recurrentes a un mismo proveedor de manera sistemática» denuncian «lo cual supone una vía de agua que ha malgastado miles y miles de euros de dinero público paternense».
Además, añaden que «el desglose de conceptos observado en las auditorías confirma que las prácticas de contratación a estas asesorías jurídicas hacían un uso indebido del fraccionamiento de pagos, con el objetivo de no tener que sacarlos a concurso público y eludir la normativa legal de fiscalización».
«Alguien deberá asumir responsabilidades y dar explicaciones» zanja Juanma Ramón, portavoz de Compromís per Paterna.
