El exalcalde de Paterna se ha enfrentado esta mañana a la segunda sesión de su juicio por presunta prevaricación. La acusación por parte del Partido Socialista local mantiene que hubo irregularidades en la contratación de la empresa encomendada para llevar a cabo las obras del nuevo Auditorio, mientras que Agustí se ratifica en que todas las operaciones se hicieron con arreglo a la ley del momento.
Tanto la fiscalía como la acusación piden nueve años de inhabilitación para Lorenzo Agustí, e insisten en que la adjudicación de la obra se hizo «a dedo», tanto en su diseño básico como en su posterior construcción. Ambos consideran que los pasos seguidos en el concurso público de ideas no fueron acertados, y que no se respetaron los preceptos de publicidad y libre concurrencia que la ley dicta en este tipo de casos.
Por su parte, Lorenzo Agustí ha aprovechado su alegato final para recalcar que «en ningún momento se recibieron notificaciones de irregularidad» durante el proceso de adjudicación, y que tampoco tuvo conocimiento de que algo se estaba haciendo mal hasta un año y medio más tarde. El exalcalde mantiene que el Ayuntamiento pagó por el Auditorio un precio justo de mercado, y que nadie dijo en su momento que lo que se estaba haciendo era ilegal.
El abogado de la defensa recuerda que no hay ninguna constancia de que Agustí se llevara ningún tipo de beneficio por aquellos actos, de modo que no ve motivo para una acusación de prevaricación. El letrado culpa a la acusación de estar llevando a cabo «una maniobra política para ganar lo que no podía ganar en las urnas».
