En el día de ayer se dio a conocer que el Juzgado de lo contencioso administrativo Nº 4 de Valencia echaba atrás el decreto firmado por el Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, el pasado 26 de julio, en el que cesaba a Enrique Guillem, que ocupaba el puesto de asesor y que fue «pieza clave» en las denuncias por las que actualmente el alcalde se encuentra investigado, junto con Nuria Campos y Julio Fernández, dentro de la trama Halloween.
En aquel entonces, el PP advirtió de que se trataba de «una venganza» que no mostraba otra cosa más que la actitud déspota de Sagredo y que contravenía los acuerdos plenarios adoptados al inicio de legislatura. En efecto, y tras la denuncia presentada por el PP tan sólo unos días después de aquel decreto, la justicia ha ido más allá, diciendo que “se ha vulnerado el derecho fundamental de participación política recogido en el artículo 23 de la CE”.
Su señoría ha estimado el recurso interpuesto por el Partido Popular en su totalidad, anulando y dejando sin efecto la resolución de Sagredo por vulneración de los derechos fundamentales y que sea el propio grupo municipal que designe a su propio personal de confianza, tal y como se aprobó en el acuerdo plenario.
Para el Partido Popular, el Sr. Ximo Puig «tiene la obligación de tomar cartas en el asunto de manera inmediata, ya que, de lo contrario, será cómplice de un alcalde y candidato investigado y acorralado por la justicia en varias causas, con un claro perfil antidemocrático y que no respeta las decisiones de los vecinos.
En palabras de la portavoz, María Villajos, “por desgracia para Paterna, esto no ha hecho más que empezar. Esta es la primera de las muchas sentencias judiciales que sobrevuelan al Sr. Sagredo.” Villajos continúa recordando que “actualmente la mitad del grupo municipal PSOE de Paterna se encuentra investigado en la trama Halloween y concretamente sobre el Sr. Sagredo, además de este caso, pesa la investigación llevada a cabo por la Agencia Antifraude y la Fiscalía, que en este momento se encuentra también en manos del poder judicial”.
Villajos acaba diciendo que “ningún cargo público, y mucho menos, ningún alcalde puede vulnerar la ley y atentar contra los derechos fundamentales de los paterneros, representados por los cargos electos y los grupos municipales en el Ayuntamiento. Puig tiene el deber y la obligación de rodearse de personas íntegras, y Sagredo no lo es”.
