El Pleno Municipal ha ratificado esta tarde el nombramiento del portavoz de Compromis, Juan Manuel Ramón, como presidente de la empresa pública GESPA. Dicho nombramiento ha supuesto que Juanma Ramón y Compromís cambiaran su posicionamiento, asumiendo como propias y sin tapujos irregularidades que en materia de contratación fueron informadas por los habilitados nacionales tras la denuncia que efectuó el PP.
Y es que bajo la influencia del “Pacte del Batà” firmado por PSOE y Compromis, el Consejo de la empresa pública ha consolidado por la mañana, gracias a los votos de PSOE, Compromis y la abstención de PASIP, tres polémicos contratos de altos directivos de la empresa municipal: Director de Servicios, Director de Recursos Humanos y Director de Marketing-Adjunto a Gerencia. Dichos contratos se firmaron en su momento con una duración de 6 meses, tras unos procesos de selección en los que la transparencia brilló por su ausencia. Al respecto la Secretaria General del Ayuntamiento y el Oficial Mayor acreditaron en un clarificador informe que “la contratación de personal debe garantizar principios básicos como la publicidad de las convocatorias, transparencia, imparcialidad y profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, independencia y discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, y no consta que la empresa haya cumplido con dicho mandato, toda vez que la documentación aportada señala expresamente incluso la no realización de la convocatoria pública”.
Dicho informe supuso que en su día el concejal y consejero de GESPA por Compromis, Carles Martí, afirmara en nota de prensa oficial de su partido: “No queremos una empresa pública donde se contrate a personas de confianza del alcalde para los cargos directivos para mantener, de esta forma, el control sobre los gastos y gestión de la empresa”. Hoy Carles Martí ha votado a favor como consejero de la renovación y blindaje de estos directivos.
Por otro lado, en abril de 2015 Juanma Ramón, tras la celebración del Consejo de Administración de Gespa señalaba que «la viabilidad de la empresa pública empieza por la reducción de sueldo a los directivos y por la supresión de sus privilegios». De este modo el edil criticaba que haya directivos haciendo tareas que podían hacer funcionarios municipales y que, por lo tanto, es una estructura que puede reducirse con el consecuente ahorro. Hoy su partido no piensa lo mismo, y será el propio Ramón quien deberá formalizar dichos contratos “blindados”.
Para el Grupo Municipal Popular queda claro que en Compromís se han quitado la careta y son “incapaces de pasar de las palabras a los hechos una vez han accedido al poder”, puesto que “su objetivo era hacerse con el control de la empresa pública a cualquier precio”. Para el PP “la aportación de Compromis al Pacto del Batà o Pacto de GESPA no va a ser otro que dotar de apariencia de legalidad a unos contratos claramente irregulares según informaron los propios habilitados nacionales”.
En Compromís per Paterna se encuentran muy sorprendidos por las declaraciones hechas desde el PP acusando a Compromís de dar cobertura a tres contrataciones «opacas». «Para dar lecciones de ética primero hay que tenerlan. Aquellos que se pagaron viajes a China, que gastaron centenares de miles de euros en empresas de amigos y que utilizaron la empresa pública para crear una red clientelar para sacar provecho electoralmente, no nos pueden dar lecciones de nada». Además, recuerda que «el pasado julio, el plenario del Ayuntamiento, aprobó por UNANIMIDAD la creación de una comisión de investigación para analizar TODAS las contrataciones de personal directivo DESDE LA CREACIÓN de la empresa. Además, estos últimos puestos de trabajo están condicionados a la auditoría anual, de cumplimiento legal, que pasa la empresa». Ha manifestado Juanma Ramón, portavoz de Compromís per Paterna y futuro presidente de GESPA.
Compromís critica también que sea el PP quién se atreva a criticar cuando ellos contrataban directivos a dedo y con cláusulas con blindaje. «Tenían pactada una antigüedad anterior a la creación de la empresa, tal como denunciamos el año pasado. Echar a los directivos puestos a dedo por el PP nos costó a los paterneros y paterneras muchísimo dinero. Ahora, sólo tres meses de indemnización.
De todas formas, desde la formación valencianista afirman que esperarán las resoluciones de la Comisión de Investigación y de la auditoría anual antes de tomar ninguna decisión
