La Conselleria de Medio Ambiente ha publicado hoy su Memoria Ambiental de la Actuación Territorial Estratégica «Puerto Mediterráneo», en la cual se niega a admitir a trámite el nuevo informe ambiental que el Ayuntamiento de Paterna pidió el pasado mes de agosto para modificar el Plan General de Ordenación Urbana y poder dar luz verde a la construcción de Intu Mediterrani (antes Puerto Mediterráneo).
Los motivos de la Generalitat vuelven a ser los mismos que la primera vez: estar dentro de la zona de servidumbre de las carreteras CV-35 y CV-31, perturbar el cauce del barranco de L’ En Dolça y los problemas con las balsas de laminación. Todo ello, según considera la Conselleria del Medio Abiente, podría propiciar inundaciones en la zona y no se adecua a la legislación autonómica.
La institución se ha acogido para este dictamen al artículo 50.4 de la Ley Valenciana de Ordenación del Territorio (LOTUP), el cual permite inadmitir el proyecto al «contemplar ubicación análoga, uso análogo y soluciones idénticas a las planteadas en una memoria que ya se había desestimado previamente». Y es que, a pesar de que el proyecto de Intu Mediterrani ha estado sujeto a innumerables cambios en los últimos años (especialmente de naturaleza ambiental), la Conselleria de Medio Ambiente considera que ninguno de ellos soluciona los problemas que ya se le señalaron en el primer informe de hace aproximadamente dos años.
A partir de este momento, se abre el periodo de diez días en el que las partes afectadas pueden presentar alegaciones. Ha sido el propio Ayuntamiento de Paterna el que, nada más conocer esta resolución, se ha pronunciado para anunciar que la recurrirá. Juan Antonio Sagredo, alcalde de la localidad, ha anunciado que «desde el Ayuntamiento se van a presentar las alegaciones oportunas para subsanar cualquier tema técnico que plantee la conselleria de Medio Ambiente». Asmismo, ha querido recordar que «estamos ante un proyecto que trae a Paterna y a la Comunitat Valenciana, según sus promotores, una inversión de 860 millones de capital británico, 8.000 puestos de trabajo y la garantía de regeneración de un territorio 100% privado».
Por su parte, desde Intu han declarado que se sienten «desamparados» y alegan que están siendo víctimas de «inseguridades jurídicas» a manos de la Generalitat Valenciana, a la que acusan de estar minando deliberadamente su proyecto. Por eso, han pedido ayuda a la Confederación Valenciana de Empresarios.
