Veinte familias residentes en Vicente Mortes y San Francisco de Broja denuncian que corren peligro de ser desahuciadas después de que la SAREB haya adquirido las fincas en las que se encuentran sus viviendas.
Todos los afectados residen de alquiler, y alegan que la inmesa mayoría de ellos todavía cuentan con contratos vigentes e incluso en algunos casos con meses pagados por adelantado. Sin embargo, el banco que recientemente ha comprado las casas pretendió desahuciarles con el apoyo de una orden jurídica. Los residentes en Vicente Mortes confirman que todavía no la han recibido, pero saben que la SAREB sí que acudió al juzgado para pedirla. Los de San Francisco de Borja se enfrentarán previsiblemente al juicio el próximo mes de junio.
LOS VECINOS SE SIENTEN ESTAFADOS Y DESAMPARADOS
Los afectados relatan que las fincas fueron adquiridas por la SAREB después de que las constructoras originales contrajeran deudas que eran incapaces de subsanar. Todos ellos reconocen sentirse “profundamente estafados” por esta situación.
En el caso de las viviendas de Vicente Mortes, porque estuvieron pagando los alquileres a la antigua propietaria durante meses sin que nadie les notificase que la finca había cambiado de manos, lo cual ahora el banco esgrime contra ellos al considerarlos morosos. Por contra, los de San Francisco de Borja denuncian que se les renovaron los contratos de alquiler durante más meses aun sabiendo el propietario que pronto se le iba a quitar el edificio de las manos.
Aunque la estafa, según ellos, no acaba con el tema de los contratos. Según el relato de los afectados, la SAREB adquirió la finca de Vicente Mortes por alrededor de 180.000 euros, lo cual quiere decir que cada una de las viviendas le costó una media de 20.000. Ahora, los vecinos saben que la compra ha sido tan barata porque han tenido acceso a un informe falsificado en el que se dice que las fincas no tienen conexión al agua potable, ni luz, ni cercanía con transporte público ni servicios tales como colegios u hostipales. “Todo esto es mentira y la prueba está en que nosotros llevamos viviendo allí años” cuentan. “Además, que cualquier vecino de Paterna se reiría si le dijeras que viviendo en Vicente Mortes no tienes acceso a institutos”, concluyen.
“Está claro que el precio de las viviendas se bajó de manera intencionada para que la SAREB pudiera hacer el máximo negocio posible a la hora de vender el edificio” se argumentan. “Ahora quieren echarnos porque han recibido ofertas de casi un millón de euros para comprar lo que ellos consiguieron por una quinta parte, y les dan igual nuestros contratos de alquiler y todo lo demás”.
Los vecinos, además, alegan que se sienten desamparados por las instituciones públicas. En el pleno del mes de marzo, el grupo Izquierda Unida presentó todos los papeles al resto de partidos y pidió a través de una moción que se estudiase la situación. El Alcalde prometió que los servicios jurídicos del Consistorio evaluarían el caso y la posibilidad de personarse en los juicios. Sin embargo, después de un mes, los afectados denuncian no haber recibido respuesta.
Del mismo modo, también defienden que pidieron una reunión con el Ayuntamiento y con la SAREB para negociar la situación, pero ninguna de las partes se la ha concedido.
“Al ver el revuelo mediático que causó la situación” explican “la SAREB se puso en contacto con la PAH para que nos dijera que quería negociar los contratos, e incluso se prestó a estudiar casos de vivienda social. Sin embargo, no ha venido a hablar directamente con nosotros, así que no sabemos con certeza nada. Además, la mejor solución que puede proponernos es ajustar nuestros alquileres vigentes al precio de mercado, lo que podría suponer 100 euros más al mes que la mayoría de nosotros tampoco podía afrontar igualmente”.
OTROS CASOS EN PATERNA
El concejal Javier Parra de Izquierda Unida asegura que en Paterna hay un total de 18 fincas en manos de la SAREB. De hecho, relata que hace unos pocos meses ya se desahució una de ellas en la Plaza Mayor, sin que la PAH o el Ayuntamiento tuvieran conocimiento de ello.
“Necesitamos saber cuáles son el resto de fincas y si se encuentran en una situaión de peligro. Una familia por sí sola a lo mejor no cinsgue nada, pero que sepan que pueden ponerse en contacto con nosotros o con la PAH”.
Y ni políticos ni la justicia hace nada, que vergüenza!!!